La polarización política en Colombia, a pesar de las muestras de agotamiento que ha expresado la ciudadanía, por ejemplo en las elecciones regionales pasadas en las que la mayor parte de la ciudadanía no votó por los grupos orientados hacia los extremos del espectro ideológico, sigue siendo muy alta y figura en primer lugar en el escenario nacional.
Como dijo Albert Einstein, y ha sido repetido por muchos otros, no se puede solucionar un problema estando en el mismo estado mental en el que se originó, o sea, que resulta indispensable cambiar el modo de ver las cosas como primer paso para la superación de dificultades, obstáculos y problemas, y sobre todo de prejuicios, y esta idea tiene hoy más vigencia que nunca si la aplicamos a lo que sucede en nuestro país en el ámbito de la política.
Varios grupos ideológicos y políticos, aunque formalmente rechazan la violencia verbal, la descalificación de los opositores, las acusaciones sin fundamento y abogan por una comunicación asertiva y propositiva en el campo del debate y la discusión política, en la práctica suelen encontrar con facilidad los justificativos para la conducta agresiva proactiva o reactiva, en muchos casos por el supuesto resultado positivo en la opinión pública que termina cediendo a rumores, mentiras prefabricadas o valida un tipo de conducta fuerte y decidida en la defensa de principios y fines electorales.
La importancia de este tema es sustancial en un país como el nuestro, donde la violencia verbal, las descalificaciones, los ataques y las acusaciones sin fundamento, son más peligrosas que en cualquier otro lugar, puesto que en muchas ocasiones conllevan la incitación velada a la violencia física que puede concretarse en violencia real contra las personas señaladas por las descalificaciones y las acusaciones. Esta situación, desafortunadamente, la hemos vivido en muchas ocasiones para ignorarla, como se demuestra con la existencia de bandas justicieras que en diferentes lugares del país amenazan pública y privadamente a las personas que han sido cuestionadas previamente por la violencia verbal.
Varios analistas y protagonistas del debate público han propuesto alternativas de solución para superar el problema de la polarización, ante todo con la finalidad de lograr el desarme del lenguaje, y no sólo a través de los espacios formales de debate y discusión, sino sobre todo en los no formales, como los de las redes sociales, pero quizás ninguna propuesta ha trascendido para que pueda tener aplicación práctica, ya que en su mayor parte se trata de propuestas que invitan al respeto, a la tolerancia y a la moderación, pero que no tienen ninguna fuerza vinculante en términos jurídicos.
El resultado de estas iniciativas, aunque en términos coyunturales se logre, en forma temporal, disminuir la polarización en el debate público, es muy bajo porque sus causas siguen intactas, y en cualquier momento, por cualquier circunstancia inesperada, que es corriente en el ámbito de la política, se vuelven a encender los ánimos y cualquier acuerdo logrado puede irse al traste. Por ello, resulta necesario replantear las estrategias habituales para idear algún mecanismo que tenga mayor posibilidad de efectividad y permanencia, sin desarrollar por ahora una propuesta dirigida a una solución de fondo, cuál es la que consiste en el cambio de los fundamentos del sistema político democrático liberal tal como lo conocemos, basado en la superación del partidismo como forma natural de acción política, así como del sistema de toma de decisiones, actualmente basado en el choque de intereses y de posturas ideológicas, por uno nuevo basado en el choque de perspectivas.
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El fenómeno de la polarización que atraviesa el debate político en Colombia parte de la falta de referentes claros para determinar lo que es justo y conveniente, para diferenciar lo verdadero de lo falso, para identificar las cadenas causales que originan los problemas sociales. El nivel del debate termina siendo muy bajo, con la reiteración de lugares comunes, de medias verdades o de mentiras efectistas que pasan por verdades, con muy poca profundidad y respaldo estadístico o investigativo. |
Por tanto, se trata en este espacio de proponer la creación de un estatuto legal para el ejercicio del debate de la política partidista que obligue a su cumplimiento, no solo a los profesionales en el ejercicio de la política sino también a sus militantes y seguidores por cualquier medio posible, incluyendo las redes sociales, un estatuto dotado de un conjunto de principios, reglas, mecanismos para la solución de conflictos y sanciones en diverso grado. El estatuto podría denominarse como Estatuto para el Debate y la Discusión Pública en el Ejercicio de la Política.
Entre los principios del Estatuto para el Debate y la Discusión Pública en el Ejercicio de la Política, aplicable a todas las declaraciones escritas y verbales de políticos profesionales, militantes y seguidores, figurarían los siguientes:
- Principio de Transparencia
- Principio de Respeto
- Principio de Tolerancia
- Principio de Cooperación
- Principio de Investigación de la Verdad
- Principio de Búsqueda del Bien Común
- Principio de Unidad en la Diversidad
Entre las reglas del Estatuto, figurarían las siguientes:
- Obligación de sustentación de afirmaciones y propuestas en todos los campos para enriquecer el debate público, con el fin de evitar equívocos y lugares comunes.
- Obligación de respuesta sustentada frente a acusaciones fundamentadas, evitando responder mediante acusaciones y descalificaciones en contra de los denunciantes.
- Obligación de realizar acciones positivas para evitar la propagación de rumores en cualquier medio o espacio de carácter público, incluyendo las redes sociales.
- Obligación de denuncia de conductas sospechosas de corrupción o de faltas a la ética política de los actores de la vida pública nacional, regional o local, incluyendo a los miembros o seguidores del mismo partido o movimiento.
- Prohibición de ataques personales y de publicaciones injuriosas en contra de contradictores o rivales en el mundo de la política, realizados por cualquier medio.
- Prohibición de publicaciones con acusaciones sin fundamento, o sea, prohibición de concluir positivamente la conducta de una persona o funcionario sin existir una investigación concluida.
Entre los mecanismos del Estatuto, podrían considerarse los siguientes:
- Creación de un Tribunal de Ética, Conciliación y Control para la investigación, la solución de controversias y la aplicación de sanciones. Tendría que ser conformado por personas independientes de reconocida experiencia, moral pública y conocimiento, por ejemplo, provenientes del mundo académico.
- Creación de un organismo que funcione como mecanismo de conciliación previa, antes de la intervención oficial del Tribunal.
Y entre las sanciones a ser aplicadas, podrían considerarse las siguientes, de acuerdo con la gravedad y la persistencia de la(s) falta(s):
- Reconvenciones o llamadas de atención incitando al cumplimiento de los principios y reglas del estatuto.
- Suspensión del medio de publicación, ya sea en medio impreso, sitio web o en una red social.
- Eliminación del espacio en el medio de publicación, ya sea en medio impreso, sitio web o en una red social.
- Aplicación de multas económicas al movimiento o partido político al que se le atribuye la conducta violatoria del estatuto.
- Suspensión de la personería jurídica del movimiento o partido político al que se le atribuye la conducta violatoria del estatuto.
- Cancelación de la personería jurídica del movimiento o partido político al que se le atribuye la conducta violatoria del estatuto.
Lo anterior no es más que un conjunto de ideas preliminares para la creación de un estatuto legal que no limite el ejercicio libre de la discusión y el debate público, sino sus manifestaciones engañosas, falsas y agresivas que afectan a las personas, grupos, movimientos y partidos que no comparten el ideario o los intereses de los militantes del grupo agresor.