Resulta un tópico afirmar que la violencia en Colombia es imparable, pero lo más grave es que se ejerza contra quien no forma parte de los bandos en conflicto
Los actores armados y sus redes de apoyo político buscan justificar estos asesinatos con el argumento de que en medio del conflicto no hay ninguna persona que esté por fuera del mismo, tomando partido a favor de alguno de los actores armados y que, por tanto, toda la población no alineada con el respectivo actor armado es un objetivo legítimo en medio de la guerra.
La justificación anterior no tiene la más mínima validez, aun si en Colombia existiera una guerra civil generalizada y pudiera hablarse de que existen dos bandos en conflicto en una escalada importante, pues aún así las normas del Derecho Internacional Humanitario establecen una clara distinción entre combatientes y no combatientes y establecen prohibiciones y parámetros expresos para impedir la afectación de la población civil. Por tanto, podemos decir que lo que existe en Colombia es una masacre concertada por parte de grupos armados en contra de algunos grupos poblacionales por razones económicas y políticas, pero también étnicas, culturales y ambientales.
Las principales víctimas directas de esta masacre son las personas que figuran en la categoría de líderes sociales, en la de defensores de derechos humanos o en la de desmovilizados y reinsertados. La denominación de líderes sociales incluye a toda persona que defiende o lidera causas e intereses grupales o comunitarios con el respaldo de los grupos o comunidades que representan. En términos de Indepaz “un líder o lideresa social es aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio. Todo líder o lideresa social se considera un defensor de Derechos Humanos”. Por su parte, en cuanto a defensores de derechos humanos, tras la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA se define que: “Es defensor o defensora cualquier persona o grupo que se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional y que además trabaja por la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional, regional o local”. Y finalmente, desmovilizado es toda persona que formaba parte de un grupo armado y que aceptó entregar las armas y entregarse a las autoridades, mediante una decisión individual o colectiva por parte del grupo del que formaba parte, mientras que reinsertado es la persona que se integra de nuevo en la sociedad después de un tiempo de marginación, por diversas causas ligadas con un conflicto armado, o por haber cumplido una condena.
Si bien no existe un acuerdo pleno sobre los límites y relaciones de las categorías mencionadas, puede considerarse que el líder social es siempre un defensor de derechos humanos, así no esté orientado en forma primaria a la defensa de derechos fundamentales sino a la de los derechos de segunda generación, o sea los derechos económicos, sociales y culturales, o los de tercera generación, los denominados derechos colectivos y del ambiente. En cambio, el defensor de derechos humanos puede no ser un líder social al no defender derechos de la colectividad en la que vive sino orientarse a la defensa de los derechos fundamentales de diversos grupos que pueden residir en territorios diferentes, como los defensores de derechos de comunidades étnicas, de líderes sindicales, de mujeres en condición de vulnerabilidad o de personas con diversa orientación sexual. De igual manera, puede haber superposiciones entre los conceptos y realidades de desmovilizados y reinsertados, puesto que, por lo general, la persona que se desmoviliza en un determinado tiempo se reinserta en la sociedad, como parte de un acuerdo de paz, de un marco legislativo o también de una decisión personal o grupal.
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Si logramos sensibilizar a la población colombiana sobre el derecho sagrado de la vida y visibilizar, sin eufemismos, la violencia que se comete en forma cotidiana por parte de los diversos actores armados en contra de personas desarmadas, sin sesgos ni verdades a medias, podemos concertar unos mecanismos de protesta eficaces y generalizados contra cada muerte o acto violento producido, y con ello daremos un gran paso hacia el fin de la violencia como medio para lograr objetivos políticos, económicos o sociales. |
La firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, con el acuerdo para su desmovilización y una serie de mecanismos para la protección de ex-combatientes reinsertados y para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, generó una importante expectativa del final de la negra noche para quienes defendieran causas colectivas, pero, desafortunadamente, las demoras y problemas en la implementación del Acuerdo, sobre todo bajo el gobierno actual, la oposición política y fáctica a los términos del Acuerdo, el copamiento de varios de los espacios territoriales dejados por la guerrilla desmovilizada por parte de antiguos y nuevos actores armados, y una serie de factores regionales y locales ligados en gran parte con el auge de economías ilegales, dieron al traste con dicha expectativa, por más esfuerzos y denuncias provenientes de entidades nacionales e internacionales y en medio de comunicados gubernamentales que niegan la sistematicidad de los asesinatos, amenazas y persecución en contra de líderes, defensores, ex-combatientes y reinsertados.
La violencia en nuestro país es el resultado de diversos procesos conflictivos que nunca han sido resueltos y que se han acumulado durante mucho tiempo, ya que nunca ha existido un esfuerzo real y sostenido de las élites y los gobernantes por integrar a toda la sociedad y así poder construir un proyecto de nación, con generación de oportunidades reales de desarrollo para todos los habitantes. Por lo tanto, los actores que surgen al margen de la ley, al tener acceso a recursos impensables, creen tener el derecho para ejercer un contrapoder que altera por completo el orden social y la vida de la gente. Y las causas coyunturales que originan esta violencia son diversas, pero como se mencionó, provienen ante todo de la defensa de intereses políticos y económicos de carácter regional y local, sobre todo por parte de grupos paramilitares o grupos armados, ya sea provenientes del tráfico de estupefacientes, de la minería ilegal, del tráfico de armas y personas o del control territorial contra grupos insurgentes, como el caso de la guerrilla del ELN o de las disidencias de las FARC. En todo caso se trata de estructuras que sobrepasan la capacidad de presencia efectiva del Estado en buena parte del territorio o que se alían con las fuerzas del orden en diversos grados de cooperación. Y por supuesto, detrás de estos nexos causales de segundo orden que en buena parte no son más que efectos y consecuencias de problemas más profundos, es necesario comprender el entramado de nuestra compleja realidad social, con una alarmante ausencia de oportunidades para construir proyectos de vida por parte de los habitantes de gran parte del mundo regional y rural en nuestro país.
Cabe esperar, sin embargo, que bajo un nuevo gobierno nacional comprometido con la defensa de los términos del Acuerdo de Paz y con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, esta violencia sistemática contra las personas desarmadas desaparezca por completo o se reduzca a su mínima expresión. Sin embargo, el acompañamiento de la comunidad internacional, de las instancias de autoridad y gestión locales y regionales, así como la actividad de la sociedad civil en diversos grados de intervención, denuncia, monitoreo y seguimiento, se prevén como fundamentales para que el derecho a la vida comience a considerarse como sagrado en nuestro país. Una serie de acciones concertadas de sensibilización y movilización social resultan indispensables dentro de este panorama de intervención que tendremos que construir en forma gradual pero profunda.