El Estado colombiano no ha estado presente o ha sido incapaz de frenar la violencia contra la población civil por parte de los actores armados ilegales en las zonas de conflicto.
Lo anterior se comprueba con los grupos armados ilegales que ejercen control territorial en algunas regiones y poblaciones del país, pues ellos son las autoridades de hecho, quienes imponen medidas de control y supervisión permanente, como se ha podido conocer durante la actual emergencia sanitaria nacional por el Covid-19.