En las regiones de Colombia, se presentan fenómenos que escapan al control del gobierno nacional y a los escasos mecanismos de control departamentales y municipales.
Por tanto, es común que se presenten alianzas de grupos políticos con actores armados con presencia regional o con redes de narcotráfico o de minería ilegal, pues estos con sus recursos financieros tienen la posibilidad de incidir directamente en los procesos electorales y en los procesos de gestión y administración pública, incluyendo las contrataciones. En ocasiones, como ha sido denunciado y demostrado en forma reciente, hasta el ejército nacional ha terminado involucrado en estas alianzas por medio de diversos mecanismos.